Departamento del Tesoro de EU sanciona a miembros del Cártel de Sinaloa que operan en Sonora

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a Sergio Valenzuela Valenzuela, como narcotraficante especialmente designado.

Esto es de acuerdo con la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros, conocida como Ley Kingpin, que se encarga de establecer sanciones económicas contra los principales narcotraficantes en todo el mundo.

Valenzuela Valenzuela es jefe de plaza del Cartel de Sinaloa en Nogales, Sonora; desde donde supervisa un importante corredor de tráfico de drogas en México.

Es considerado como responsable del contrabando de toneladas de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos, y depende directamente del líder del Cartel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada García.

Zambada García fue identificado como un narcotraficante importante por la Ley Kingpin en el año 2002, y también es objeto de una oferta del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado.

Además de Valenzuela Valenzuela, fueron designadas otros siete personas, quienes trabajan con él; cuya mano derecha es Leonardo Pineda Armenta, quien dirige las operaciones, y seis lugartenientes del Cártel de Sinaloa.

Estos últimos son: Gilberto Martínez Rentería, Jaime Humberto González Higuera, Jorge Damián Román Figueroa, Luis Alberto Carrillo, Jiménez, Melitón Rochín Hurtado y Miguel Raymundo Marrufo Cabrera.

La OFAC designó además a dos empresas en México, por ser propiedad o estar bajo el control de Rochín Hurtado y Marrufo Cabrera, Acuaindustria Narciso Mendoza, S.C. de R.L. de C.V. y ​​Club Indios Rojos de Juárez, S.A. de C.V.

Todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas, que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, serán bloqueadas e informadas a la OFAC.

Y se prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o personas dentro o en tránsito de Estados Unidos, que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo.

Las sanciones por infracciones de la Ley Kingpin, van desde un millón 548 mil 075 dólares por infracción hasta penales más severas.

Las sanciones penales para funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares; para las corporaciones, pueden alcanzar los 10 millones de dólares; y las demás personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas económicas.