La Secretaría de la Función Pública (SFP) debe hacer públicas las resoluciones firmes en las que se ha sancionado a servidores públicos por el delito de corrupción, principalmente por la presentación de documentos apócrifos para obtener un beneficio económico.
Esto lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de resolver la impugnación de un particular a quien le fueron negados esos datos.
“Resulta de alta relevancia conocer las resoluciones en las que se haya sancionado a servidoras o servidores públicos por la presentación de documentación que resulte apócrifa o falsa para la obtención de un beneficio económico, ya que el ilícito en comento va, generalmente, acompañado de actos de corrupción, y (…) en el combate a la corrupción, son puntos clave y neurálgicos o nodales la transparencia y la participación de la sociedad a través de la vigilancia, pero también del escrutinio y las acciones y decisiones de las personas servidoras públicas en todos los ámbitos gubernamentales”, refirió el Comisionado Adrián Alcalá Méndez al presentar el caso ante el Pleno.
Expuso que los titulares de los órganos internos de control, así como los de las unidades de responsabilidades y los delegados de éstas en las empresas productivas del Estado, deben informar al Coordinador General de Órganos de Vigilancia y de Control respecto de las investigaciones a su cargo de este tipo que revistan el carácter de relevante, considerando elementos como la calidad o nivel del servidor público involucrado en los hechos que se investiguen, que deberá ser igual o superior al de Director General u homólogo en las entidades o empresas productivas del Estado.