La Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) detectó grupos académicos en nivel primaria sin docentes y trabajadores de apoyo, por cambios de adscripción unilaterales, y por tanto no autorizados por la autoridad.
Ante esos cambios irregulares, la Secretaría está obligada a aplicar la ley vigente a las 50 maestras, maestros y personal de apoyo, afectando el avance curricular y el aprendizaje de las y los educandos, incluso interrumpiendo el servicio educativo, particularmente en comunidades con pocos alumnos, o en comunidades de la sierra de Sinaloa.
A través de la Dirección de Primarias Estatales, la Sepyc informó que, de manera unilateral, 50 maestras, maestros y personal de apoyo cambiaron sus centros de trabajo en los últimos meses afectando el servicio educativo, la calidad y el avance de un importante número de niños y niñas sinaloenses.
Además, existe un mismo número de maestras, maestros y personal de apoyo que no pueden presentarse en sus centros de trabajo porque sus posiciones, obtenidas por concurso y en orden de prelación, hoy están ocupadas de manera ilegal.
La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestros y los Maestros, establece en su artículo 90 que la Sepyc que se “establecerá, mediante disposiciones de carácter general, de conformidad con la legislación laboral aplicable, las reglas de los procesos para la autorización de cambio de centro de trabajo, dentro de la entidad federativa de que se trate, así como los cambios de una entidad federativa a otra. Los cambios de adscripción se realizarán únicamente al término del ciclo escolar.”
También ordena que “los cambios de centro de trabajo que no cuenten con la aprobación de la autoridad correspondiente, serán sancionados conforme a la normativa aplicable. Dichos cambios, en ningún caso, serán objeto de regularización”.
El artículo 90 de dicha Ley regula los cambios de adscripción y faculta a la Sepyc para llevar a cabo el proceso, por lo que, de acuerdo a la normatividad, se lanzará una convocatoria al final del ciclo escolar, en la que todos y todas podrán participar bajo los mismos principios de equidad y transparencia, a fin de que estos trabajadores, y todos los que así lo deseen cumpliendo los requisitos, se sometan a los procesos que marca la ley, en igualdad de condiciones.
Informó que el cambio de centro de trabajo, como todos los derechos de las y los trabajadores vigentes en las leyes, es un derecho que se mantiene, y que la autoridad es y será siempre la primera en salvaguardarlo, pero de acuerdo con los lineamientos marcados en la ley.