La Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México confirmó la decisión tomada hace unas semanas y emitió una suspensión definitiva que ordena a la Secretaría de Educación Pública (SEP) no aplicar las Reglas de Operación de La Escuela Es Nuestra (LEEN) para 2022, lo cual, evita que las escuelas con jornada escolar ampliada y servicios de alimentación desaparezcan.
La SEP, explicó Claudia Aguilar, socia del despacho Aguilar Barroso y Asociados, no puede aplicar dichas Reglas de Operación y, por tanto, los componentes de LEEN que se refieren a los servicios de ampliación de la jornada escolar y de alimentación, deben continuar. La juez consideró que aplicar las Reglas de Operación tal como se publicaron en el Diario Oficial de la Federación iría en perjuicio de los derechos a la educación y a la alimentación de la niñez.
La resolución, que es de efecto inmediato, tomó en cuenta el interés superior de la niñez y su derecho a recibir educación, cuidado y atención mientras sus madres, padres, tutores o las personas responsables de ellas y ellos se encuentren empleados, no tienen empleo o tienen uno que no les brinda seguridad social o el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, así como el derecho de la niñez de recibir alimentación adecuada para su desarrollo y que ésta permita su aprovechamiento académico.
“La propia Jueza reconoció que las autoridades no contemplan los servicios de ampliación de la jornada escolar y de alimentación, pese a haberse otorgado mayor presupuesto para dichos fines en este ejercicio fiscal”, comentó Aguilar.
Esta decisión es en respuesta a la demanda de amparo presentada el 22 de marzo pasado por Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, en la que se reclama, entre otras cosas, que la SEP violó el principio de progresividad del derecho a la educación y a la alimentación de millones de niños, niñas y adolescentes, al emitir Reglas de Operación para LEEN sin los Componentes 2 (ampliación de la jornada escolar) y 3 (servicio de alimentación), dejando a la deriva a millones de estudiantes y a sus familias.
Fernando Alcázar, responsable de Estudios Jurídicos de Mexicanos Primero, recordó que desde hace dos años, la organización emprendió una lucha a favor de la continuidad de las escuelas con horas adicionales de aprendizaje y servicios de alimentación, conocidas en su momento también como “Escuelas de Tiempo Completo” y que esta lucha se configura en tres etapas: la denuncia, la propuesta y la judicialización.
“En cada ocasión, hemos tenido que activar al Poder Judicial porque a pesar de haber denunciado estas violaciones y hacer llegar nuestra propuesta, no hubo respuesta del gobierno federal que garantizará los derechos de NNA.
El año pasado logramos una sentencia de amparo que ordena garantizar recursos a las escuelas de tiempo completo dentro de LEEN, la cual actualmente se encuentra en revisión. A pesar de ello, la SEP hizo caso omiso de esta sentencia y este año nuevamente viola los derechos a la educación y a la alimentación de las NNA con Reglas de Operación que no contemplan horas adicionales y alimentos”, explicó.
Laura Ramírez, directora de Activación de Agentes, aseguró que, pese a que este triunfo en tribunales obliga a las autoridades a no detener la jornada ampliada y el servicio de alimentación, no es suficiente.
“No quedaremos satisfechos sólo por ganar en un juicio; celebraremos hasta que las NNA de las 27 mil escuelas afectadas cuenten de facto con servicio de alimentación y jornada ampliada que les permita aprender más y mejor”, agregó.
Por tanto, en Mexicanos Primero exigimos a la titular de la SEP, Delfina Gómez, no sólo comparecer y rendir cuentas ante la Cámara de Diputados (después de 4 aplazamientos), sino materializar el cumplimiento de esta orden judicial a través de la reanudación de los Componentes 2 y 3 de LEEN. Las comparecencias y reuniones se pueden posponer; los derechos de NNA, no.
Si la SEP usa los recursos de LEEN poniendo en riesgo la alimentación y la jornada ampliada, estaría desafiando al Poder Judicial y sus funcionarios serán sujetos de sanciones. No descansaremos hasta que este mandato judicial se vea reflejado en cada escuela, con partidas presupuestales que lleguen a las escuelas afectadas y hasta que el derecho a la alimentación y la educación de cada uno de las y los 3.6 millones de estudiantes les sean restituidos. Basta ya de alargar el proceso.