La Fiscalía General de la República requirió al Congreso del Estado de Sinaloa, un informe sobre los gastos hechos por el Gobierno estatal, sobre las llamadas tarjetas recargables.
Este apercibimiento, del que se da un lapso máximo de 48 horas, fue hecho en base a los diversos artículos del Código de Procedimientos Penales.
La Fiscalía General de la República solicita además al Congreso local, de ser así, el número de tarjetas, tiraje, costo e inversión aplicada para la recarga de las mismas.
Así mismo, la FGR exigió que se le informe sobre el monto de recarga a cada tarjeta, la cantidad de la dispersión y el período de tiempo en que este programa su aplicación, y la propia duración del proceso.
Finalmente, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales le advierte al Congreso del Estado de Sinaloa que, de no cumplir con lo solicitado en el tiempo estipulado, aplicará las medidas coercitivas que marca la ley en términos de materia electoral.
