El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó por unanimidad la medida que impedía que exservidores públicos trabajen en empresas privadas antes de haber cumplido 10 años de su servicio.
La medida estaba contenida en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Los ministros apoyaron la propuesta de Norma Lucía Piña Hernández, considerándola como desproporcionada e inadecuada para prevenir actos de corrupción por parte de los exservidores públicos.
“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, afirmó la ministra.